|
POLÍTICAS DE DROGAS 2003: UNA AGENDA CONTRA LA GUERRA
Gustavo Hurtado
"Los límites de la acción en el ámbito de las drogas están marcados,
como en muchos otros campos, por el delineamiento de las relaciones
políticas que prevalecen en el mundo."
Ketti Bruun, Lynn Pan e Ingemar Rexed, The Gentle-men's Club (1975)
Introducción
Abril de 2003 no es cualquier fecha para los antiprohibicionistas. No lo
es para los europeos y tampoco debiera sernos indiferente a los
latinoamericanos. Desde el 8 al 17 de ese mes tendrá lugar en Viena una
reunión donde se avanzará en lo que se conoce como una revisión de mitad
de periodo de los resultados de la Sesión Especial sobre Drogas de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, en inglés) de junio de
1998. Esto es, una nueva oportunidad para que los representantes de los
estados signatarios de las convenciones y tratados internacionales sobre
control de drogas examinen en profundidad la política global que en esta
materia han venido sosteniendo.
Revisión de mitad de período en este caso significa analizar y evaluar los
resultados concretos para verificar en qué medida se ha avanzado en el
cumplimiento del objetivo estratégico que los gobiernos se fijaron en
aquella oportunidad: "Un mundo libre de drogas - ¡Podemos hacerlo!".
En términos de los representantes del país que convocó originariamente a
la UNGASS del '98, esto implica, según se encargó de recordarlo en su
discurso de apertura al 46° periodo de sesiones de la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas la viceministra de Asuntos
Exteriores de México, Patricia Olamendi, que "en este período de sesiones
habremos de ser muy críticos acerca de esos ambiciosos objetivos (...)
Ante todo, debemos ser honestos y nada auto-complacientes. Reflejar en
nuestros informes avances donde no los hay neutraliza los logros que
genuinamente pudiéramos haber alcanzado".
Visto desde América Latina, dado lo megalómano de la consigna-objetivo
impuesta en la UNGASS de 1998, no habría mucho para revisar. Todos los
habitantes del continente coincidiríamos, sin mayores ajustes, con el
diagnóstico dado en su momento por Juan Tokatlian: "Hoy se consiguen en
todo el hemisferio, más drogas, de mejor calidad, de mayor pureza y a
precio menor que hace dos décadas. Hoy proliferan, a lo largo y ancho del
continente, poderosas mafias que, en varios casos, ya superan en poder a
los Estados, y que controlan amplias regiones en diferentes países. Hoy el
negocio de los narcóticos genera, de Alaska a la Patagonia, más rédito
económico, influencia social y aceptación política que hace tres lustros.
Hoy se ha incrementado, desde Washington hasta Buenos Aires, la violencia
urbana ligada al emporio de las drogas."
Diagnóstico éste que tampoco demandaría demasiado esfuerzo hacer extensivo
a la inmensa mayoría de los países de Europa y a un número no despreciable
de países asiáticos y de Oceanía. Tanto es así que las cifras que la
propia ONU difunde indican que el consumo de cannabis, heroína, cocaína,
éxtasis y otras drogas ilícitas no sólo no ha disminuido en este período
sino que, por el contrario, se ha disparado, mientras que el precio al por
mayor y al menudeo ha decrecido y la pureza de las mismas ha aumentado
sensiblemente (en Europa, al menos). La misma ONU nos informa que, en
lapso similar, la amplitud del negocio de las drogas ilícitas continúa
creciendo persistentemente, sin que se acierte con una política que
contenga realmente una estrategia contra los narcotraficantes, la parte
que condensa los eslabones más fuertes y desconocidos de la cadena.
Sin embargo, la coincidencia en el diagnóstico no conlleva naturalmente
una análoga opinión a la hora de identificar los motivos por los que se ha
llegado a la situación actual.
En Drogas y Conflicto N° 5 de junio del 2002 de, publicación periódica del
Transnational Institute (TNI), se analizan las posibilidades y obstáculos
actuales para un cambio en el control internacional de drogas. Se trata de
un par de artículos concebidos por los editores como "una contribución
para evitar que la revisión de mitad de periodo de UNGASS no constituya
otra oportunidad para evaluar que se pierde". En el primero, "Hora de
avanzar - Polarización y parálisis en la política global de drogas," de
Martin Jelsma, se puntualizan las directrices cada vez más discordantes en
las políticas globales sobre drogas. De un lado, Estados Unidos. Del otro,
Europa y una serie de países. De un lado, la Guerra contra las Drogas y la
Tolerancia Cero. Del otro, un rumbo más elástico y pragmático para las
políticas de drogas locales, alejado de la represión indiscriminada y de
la ausencia de estrategias socio-sanitarias eficaces.
La hipótesis de Jelsma es que la polarización de estas dos tendencias ha
paralizado a la ONU y sus institutos de control sobre la política global
de drogas: tanto el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID) como la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), a los que somete a un riguroso
análisis de su comportamiento en los últimos años.
Por su parte, en "Hábitos de un hegémona: Estados Unidos y el futuro del
régimen global de prohibición de las drogas" , David Bewley-Taylor indaga
el progresivo fastidio europeo con el régimen de control de drogas de la
ONU. Describe cómo los esfuerzos individuales de varios países por
introducir medidas de reducción del daño o por desincriminar algunas
conductas -del tipo de la tenencia de estupefacientes para consumo
personal-, por más que sean ambas acciones que operen dentro de los
términos legales del régimen de prohibición global de las drogas, han
tocado techo, dejando al descubierto el hecho de que las Convenciones
Internacionales sobre Estupefacientes continúan siendo todavía el más
poderoso obstáculo para la adopción de políticas locales y regionales
menos onerosas y más pragmáticas.
Bewley-Taylor se pregunta qué hacer con este obstáculo, e indaga
diferentes posibles posicionamientos de un país o de un bloque de países
frente a las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes que van
desde el promover el consenso para avanzar en modificaciones sustanciales
del contenido, hasta el desconocimiento liso y llano de dichos acuerdos
internacionales.
Estados Unidos y los tratados internacionales
Si compartimos la hipótesis de que el principal obstáculo para
cualquier país a la hora de plantearse seriamente la modificación de su
política pública en relación a la cuestión drogas lo constituyen las
Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes, es el momento de
preguntarse cómo se vienen comportando las últimas administraciones de los
Estados Unidos en materia de tratados multilaterales. Sobre todo, la
actual administración de George Bush (h), con su política de 'América
Primero' y de desconocimiento de los acuerdos multilaterales en relación a
la Corte Penal Internacional, a la Conferencia Internacional sobre el
Racismo, a la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, al
Tratado de Misiles Antibalísticos y al Tratado de Kyoto sobre Cambio
Climático, por un lado, y a la prepotencia belicista de ignorar a las
Naciones Unidas en su cruzada contra Sadam Hussein en Irak.
Actitud
unilateral que remite a lo que Ignacio Ramonet denomina el período cínico
de los Estados Unidos, abierto con posterioridad a los atentados a las
Torres Gemelas del 11 de setiembre de 2001. Desde entonces, pareciera que
Estados Unidos le dice a todo el mundo: "Nos han acusado de ser un
imperio. Seamos un imperio. Comportémonos como un imperio." Hay que
entender, como él mismo nos señala, que "un imperio no tiene aliados, sólo
tiene vasallos. Y trata a sus vasallos como tales. Y están dispuestos a
jugar con esto. El equipo de extrema derecha que rodea a Bush tiene hoy la
idea de que puede comportarse así, y que, en definitiva, el mundo lo
aceptará".
Este
contexto de unilateralismo norteamericano, en relación a la actitud que
pudieran adoptar algunos países respecto de las Convenciones
Internacionales sobre Estupefacientes, ampliaría el campo de maniobra. Al
decir de David Bewley-Taylor: "El hecho de que Washington haya abandonado
la actitud multilateral en varias áreas internacionales clave ha acentuado
lo que Bruce Cronin llama la Paradoja de la Hegemonía: la tensión entre
las responsabilidades multilaterales de una fuerza hegemónica, y su deseo
y capacidad material de actuar unilateralmente. Aunque esto representa en
sí mismo un problema, tal paradoja socava en buena medida la capacidad de
Washington de actuar como el ejecutor del aparato de control de drogas de
las Naciones Unidas."
Sin
duda, fue el retiro unilateral de Estados Unidos de la convención para
establecer una Corte Penal Internacional y todas sus acciones para
desactivarlo e impedir que entre en vigencia, el que colocó al país del
norte en una situación muy delicada, ya que fue una forma bastante directa
de desconocer la Convención de Viena sobre la Ley de los Tratados. Varios
autores citados por Bewley-Taylor recuerdan que, aun sin tener intenciones
de ratificar parlamentariamente un tratado, según la Convención de 1969 un
país que lo ha firmado está absolutamente impedido de promover acciones o
pactos bilaterales que vayan en contra de ese tratado.
La
Corte Penal Internacional tiene por objeto evitar que quienes cometen
actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra queden
impunes. Las Naciones Unidas vienen promoviendo su constitución desde el
encuentro de Roma de 1988. Los argumentos utilizados por los Estados
Unidos para no ratificar el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal
Internacional los encontramos en las palabras que Marc Grossman,
Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos utilizó en su discurso ante
el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington DC,
el 6 de mayo de 2002, el mismo día en que la misión de USA ante Naciones
Unidas notificó al Secretario General de la ONU, en su calidad de
depositario del Estatuto de Roma, la decisión del presidente Bush.
Grossman enumera las cinco razones que sustentan tal decisión:
a.- La Corte Penal Internacional es una institución con poder ilimitado.
b.- El tratado aprobado en Roma diluye la autoridad del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
c.- El Tratado amenaza la soberanía de los Estados Unidos.
d.- La actual estructura de la Corte Penal Internacional menoscaba los
derechos democráticos de nuestro pueblo y podría erosionar los elementos
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
e.- Debemos garantizar que nuestros soldados y funcionarios
gubernamentales no queden a expensas de cualquier posible procesamiento o
investigación de tinte politizado.
Grossman no podía decirlo más clarito: Estados Unidos no está dispuesto a
reconocer, en la arena internacional, a ninguna corte que intente juzgar
su política imperial ni someter al estado de derecho a quienes la
ejecutan, sin importar el tipo de crímenes que cometan . Para ello no sólo
se retiraron del tratado internacional, sino que lanzaron una campaña
violentísima para suscribir tratados bilaterales de inmunidad para sus
tropas y funcionarios con la mayor cantidad de países, al tiempo que
forzaban al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a emitir la
Resolución 1422, del 12 de julio de 2002. Según esta última, la Corte
Penal Internacional -que entró en vigencia el 1° de julio de ese mismo
año- no debe iniciar ni proseguir investigaciones o enjuiciamientos de
casos relacionados con acciones u omisiones de funcionarios, ex
funcionarios, o personal de cualquier estado que no sea Parte en el
Estatuto de Roma y aporte contingentes, durante un período de doce meses a
partir del 1° de julio de 2002, con posibilidad de renovación cada 1° de
julio, por un nuevo período de doce meses.
Para
dimensionar cómo procesaron los europeos esta deserción norteamericana al
derecho internacional y su desembozada campaña de impunidad, conviene
echar una mirada a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Corte
Penal Internacional del 26 de septiembre del 2002. En ella, luego de
lamentar la Resolución 1422 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y reafirmar su compromiso con la Corte Penal Internacional, los
miembros del parlamento Europea advierten que "... los Estados Parte y los
Estados Signatarios de la CPI están obligados por el Derecho Internacional
a no frustrar el objeto y el propósito del Estatuto de Roma, en virtud del
cual, según su preámbulo, 'los crímenes más graves de trascendencia para
la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo' y
que los Estados Partes están obligados a cooperar plenamente con la Corte
(...) lo que les impide celebrar acuerdos de inmunidad para sustraer a
determinados ciudadanos a las jurisdicciones de los Estados o de la Corte
Penal Internacional, mermando la efectividad de la CPI y poniendo en
peligro su función de jurisdiscción complementaria de las jurisdicciones
estatales y de pieza de la seguridad colectiva mundial" .
En
dicha Resolución se recordó que el Estatuto de Roma ha sido ratificado por
todos los Estados miembros de la Unión Europea como componente esencial
del modelo y los valores democráticos de la UE y se solicitó a los Estados
miembros que hagan del Estatuto de Roma parte del acervo comunitario. Al
mismo tiempo, se advirtió a los gobiernos y parlamentos de los Estados
miembros que "se abstengan de aprobar cualquier acuerdo que vaya en
detrimento de la aplicación efectiva del Estatuto de Roma" y se amenazó
con considerar que "la ratificación de cualquier acuerdo de esta
naturaleza es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea" .
Los
europeos fueron más lejos, haciendo la misma petición a los gobiernos y
parlamentos de los países candidatos a incorporarse a la Unión Europea, a
los países asociados en la Asociación Euromedi-terránea, a los países del
Mercosur, el Pacto Andino y el Proceso de San José. Incluso, solicitaron a
los parlamentos de "Rumania, Israel, Tayikistán, Timor Oriental, Honduras,
la India, Uzbekistán, Mauritania, Palau, las Islas Marshall y la República
Dominicana a que no ratifiquen los acuerdos con los Estados Unidos
firmados por sus Gobiernos en virtud del artículo 98 del Estatuto de Roma"
.
Dentro mismo del Senado estadounidense se escucharon voces que criticaron
duramente la decisión del gobierno norteamericano. El senador Christopher
J. Dodd dijo el mismo 6 de mayo: "Estoy profundamente decepcionado por el
anuncio hecho público hoy por la Administración Bush respecto de la
retirada de la firma del Tratado de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta decisión es irresponsable, aislacionista y contraria a nuestros
intereses nacionales vitales.
Muchos
de nuestros más cercanos aliados han puesto su fe en la filosofía de este
nuevo instrumento jurídico. Debiéramos concederles el beneficio de la duda
en su empeño por hacer de esta Corte un órgano que fortalezca el respeto
internacional hacia el estado de derecho. Hace tan sólo unas semanas, el
11 de abril, los gobiernos se reunieron en Nueva York para celebrar el
depósito del instrumento de ratificación del Tratado de Roma número 60, lo
que quiere decir que la Corte Penal Internacional será una realidad en
julio. En ese momento, insté a la Adminsitración Bush a que no adoptara
una línea que nos llevara al enfrentamiento con nuestros mejores amigos y
aliados en relación con la Corte. En su lugar, urgí a la administración
para que los Estados Unidos se involucraran de manera activa con la Corte
Penal Internacional de cara a garantizar que ésta se dote de los más altos
estándares de jurisprudencia e integridad. Para mi tristeza, la
Administración hizo caso omiso a mi llamada."
La voz
de Dodd no fue la de uno más en el senado norteamericano. Es hijo de
Thomas J. Dodd, quien se desempeñó como asistente ejecutivo en el Juicio
de Nuremberg, donde se castigó a los principales criminales de guerra
nazis al término de la Segunda Guerra Mundial. Ese juicio, a consideración
del mismo Dodd, "marcó un hito en la lucha por prevenir y castigar los
crímenes de guerra y el genocidio, preparando el camino para las
Convenciones de Ginebra y la Convención contra el genocidio. También fue
en gran medida una iniciativa de los Estados Unidos." Por lo que manifestó
su gran decepción al ver que "en cambio, hoy, en lugar de ponernos al
frente en la búsqueda de la justicia global, actuamos cortando la
autopista hacia tal meta. No les quepa duda, hoy se ha producido un
retroceso en la promoción de la justicia global. Hoy se ha producido un
retroceso para lo que se supone que América ha de defender."
Muchos
dirigentes de la oposición se preocuparon ante esta retirada del Tratado
de Roma, porque, de esa manera, los Estados Unidos perdieron una serie de
prerrogativas que se autoadjudicaban tales como la de no poder imponer
quién ha de ser nombrado como juez o fiscal para la Corte, o la de usar su
puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir situaciones a la
Corte como resultado de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes
contra la humanidad cometidos. También se alertaron porque sus opiniones
caerán en oídos sordos cuando pretendan actuar como un supuesto observador
imparcial de la integridad de la Corte, al haber denunciado su propósito
fundamental.
Como advierte el mismo Bewley-Taylor, "habiendo sentado, pues, este
precedente basándose en intereses nacionales, Washington se encontraría en
una posición incómoda frente a cualquier deserción de los tratados de
control de drogas que tengan argumentos similares" .
Los
gobernantes norteamericanos, bajo esta administración de Bush hijo, se han
atrevido a ir por más en materia de violación del Derecho Internacional.
Una prueba de ello la tuvimos en diciembre de 2001, cuando el Presidente
anunció en el Congreso su decisión de romper lisa y llanamente con el
Tratado de Antimisiles Balísticos (ABM, por sus siglas en inglés) que
había sido firmado en 1972 con la entonces Unión Soviética. El
unilateralismo lo lleva a sostener argumentos del tipo: "los Estados
Unidos no puede seguir siendo parte de un tratado que compromete nuestra
seguridad". Esto porque, de atenerse a él, no podría avanzar como lo viene
haciendo en la implementación del sistema de defensa antimisiles, conocido
en épocas de Ronald Reagan como el escudo de la Guerra de las Galaxias. El
programa de defensa antimisilístico propuesto por Bush comprende el
desarrollo de sofisticadas redes de satélites de comunicaciones y
espionaje, de radares y plataformas de lanzamiento de misíles capaces de
detectar, rastrear y destruir en pleno vuelo su blanco.
Del
mismo tenor que esta actitud frente a sus compromisos internacionales, la
siempre reiterada negativa de los Estados Unidos a ratificar el Tratado
para la Prohibición de las Pruebas Nucleares. Este Tratado fue elaborado
durante la Conferencia de Desarme de Ginebra en 1996. Su objetivo es
vigilar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, y
pretende prohibir cualquier explosión nuclear. Con este tratado sucede una
paradoja. Ya lo han ratificado más de 90 países de los 165 firmantes,
condición bajo la cual cualquier otro documento de este tipo ya hubiera
entrado en vigencia.
Otro de
los tratados y convenios internacionales que enfrentan a Europa con la
posición asumida por los Estados Unidos es el Protocolo de Kyoto. Este fue
adoptado en 1997 por la Conferencia de las Partes de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y compromete a los países
industriales firmantes a reducir la producción de los gases causantes del
efecto invernadero, provocados principalmente por la combustión de
petróleo, carbón y gas. Entre los científicos es abrumadoramente
mayoritaria la opinión que estima que estos gases -especialmente el
dióxido de carbono- son los responsables del recalentamiento de la
atmósfera, de la destrucción de la capa de ozono y de los consecuentes
cambios climáticos en el planeta.
Estados
Unidos aun habiéndolo firmado inicialmente y siendo el responsable del
veinticinco por ciento de la emisión mundial de dióxido de carbono, se
retiró del Protocolo de Kyoto en marzo del 2002. Sus argumentos giraron
sobre el cuestionamiento a los fundamentos científicos. Aunque, a la hora
de hacer pública la decisión de la administración Bush, el vocero de la
Casa blanca, Ari Fleischer dijo claramente que "el Presidente no apoya el
Tratado de Kyoto porque el mismo exenta a las naciones en desarrollo del
mundo y no favorece los intereses económicos de Estados Unidos" .
La preservación y el mejoramiento de la calidad del ambiente y la salud
humana, el fomento del uso prudente y racional de los recursos naturales y
la promoción de medidas para enfrentar los problemas ambientales y
climáticos a escala regional y planetaria, son a los ojos del gobierno de
Bush, aspectos de la política internacional en los que los Estados Unidos
no pueden comprometerse porque no favorecen sus intereses económicos.
Como
alternativa al Tratado de Kyoto, la administración norteamericana propuso
un plan consistente en la reducción voluntaria de tres gases
contaminantes, que excluía el dióxido de carbono. La comisaria de Ambiente
de la Unión Europea, Margot Wallström, al explicar por qué el bloque de
países del viejo continente rechazaba el plan alternativo sostuvo que
"hemos calculado que el plan de Bush permitirá a los Estados Unidos elevar
su producción de gases en un 33 por ciento".
Por su
parte, los ministros de Ambiente de las quince naciones de la Unión
Europea, inmediatamente después de hecha pública la negativa
norteamericana, acordaron poner en marcha la ratificación del protocolo de
Kyoto sobre Cambio Climático, comprometiendo a los estados miembros del
bloque a abatir, entre 2008 y 2012, sus emisiones de gases de efecto
invernadero a volúmenes ocho por ciento inferiores a los de 1990. De esta
forma, tras el retiro de Estados Unidos, las presiones diplomáticas se
dirigieron a Rusia, Japón, Canadá y Australia, con el objeto de lograr que
el norte industrial se comprometa firmemente en la limitación de la
influencia negativa del hombre sobre el clima y avance en respuestas
efectivas en la discusión sobre el recalentamiento global. Y no es que
para los europeos el tratado no suponga un costo en sus intereses
económicos. Por el contrario, según estimó la comisaria Wallström, el
mismo será de "0,06 por ciento del producto bruto interno si se adoptan
medidas eficientes como el intercambio de derechos de emisión". Aunque
alertó que "si se usan mecanismos menos eficientes, el costo ascenderá al
0,3 por ciento del producto bruto interno, pero el cambio climático
también cuesta".
Por,
último, para ilustrar cómo se mueven los propios Estados Unidos frente a
determinados acuerdos, convenciones y tratados internacionales, es bueno
no dejar pasar lo ocurrido a finales de diciembre de 2002, cuando
bloquearon nuevamente un acuerdo internacional para facilitar el acceso a
medicinas a bajo costo a los países en vías de desarrollo, haciendo
fracasar las negociaciones que a tal efecto se llevaban adelante en la
sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza. Su
consecuencia inmediata será que millones de personas de bajos recursos en
todo el planeta verán impedido su acceso a medicinas para el tratamiento
de enfermedades como la malaria, la tuberculosis o el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Dicho de otra manera, es la condena al
suplicio de la agonía de la enfermedad y a la muerte misma de esos
millones y millones de personas de países del Tercer Mundo. El argumento,
el de siempre: el acuerdo propuesto para fabricar medicamentos genéricos
llevaría a desconocer muchas patentes de laboratorios farmacéuticos. Si
bien se prevé una nueva reunión para el mes de febrero de 2003,
representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, entre otras
Médicos Sin Fronteras, señalaron a la BBC que creían que no habrá en ella
muchas posibilidades de éxito. Su pesimismo se basa en la percepción de la
dureza de los negociadores estadounidenses, quienes no vacilan en defender
las patentes de los laboratorios por encima de valores tales como la vida
o la salud pública.
Esta
situación, aunque lateral en la relación entre los Estados en el marco de
los aprontamientos para la reedición de la guerra del imperio contra Irak,
exhibe por enésima vez, la ratificación de la axiología del capital en su
expresión cúspide. El capital ha tenido diversos intérpretes en los
últimos siglos. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial su máximo
exponente gobierna desde la Casa Blanca; desde Washington. El
desconocimiento de los acuerdos previos dentro de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) respecto de los genéricos, sin retroceder ni un ápice a
pesar de que su consecuencia medida en vidas humanas adquiera la dimensión
de un genocidio, habla a las claras de dónde edifica el bien común el
capital. El bien común para los representantes de la administración
norteamericana es, por enésima vez, sinónimo del bien común de las
multinacionales farmacéuticas.
Es
anticipable que ellas continúen siendo las principales opositoras a los
medicamentos genéricos, debido a que estos remedios no pagan las patentes
medicinales. El principio de permitir a los países pobres desarrollar
versiones más baratas de fármacos fue acordado por representantes de
países miembros de la OMC en la reunión de Doha en 2001. Así, los
intereses de un sector de la industria norteamericana asociada al capital
trasnacional vuelven a estar por encima del acuerdo que en materia de
genéricos habían alcanzado 143 países. De esta manera, no sólo se vieron
frustradas las expectativas de quienes estaban convencidos que "íbamos a
conseguir la unanimidad" y que, como el representante de Canadá, Sergio
Marchi, debió "confesar que no hay azúcar que pueda endulzar esta píldora
de amargura" , sino que, fundamentalmente, quedan al descubierto los
alcances y el verdadero "valor" que tienen los acuerdos internacionales
para las administraciones norteamericanas.
Esta
descripción del comportamiento de la actual administración norteamericana
en la escena internacional se ocupó exclusivamente de lo referido a los
Convenios y Tratados Internacionales, dejando de lado deliberadamente la
abierta y desembozada actitud beligerante de la primera potencia mundial.
Tema que en el viejo continente produce fracturas importantes en todos los
segmentos políticos y sociales. Un ejemplo de ello es el debate en torno a
la inminente guerra de los Estados Unidos contra Irak. En Europa no todos
los discursos de la intelectualidad "progresista" apuntan en la misma
dirección. Las voces de quienes recomiendan acompañar la iniciativa
belicista de Bush en Oriente Medio se superponen con las de quienes
intentan que sus gobiernos adopten una posición de inflexibilidad frente a
la prepotencia imperial. Por una parte, un historiador del Saint Anthony's
College de Oxford, como Timothy Garton Ash, sugiere a los europeos que
harían "mejor en dedicar nuestro tiempo a pensar en cómo complementar y
mejorar" un supuesto proyecto wilsoniano para reestructurar Oriente Medio
y derramar democracia y progreso no sólo en Irak sino también en Arabia
Saudita.
Por
otra, variados núcleos de intelectuales europeos no vacilan en denunciar
esta mezcla de negocios privados de la familia Bush con el poder desmedido
de los Estados Unidos en la escena de la política internacional. Entre
otros el premio Nobel de Literatura 2001, el novelista, poeta, ensayista y
artista alemán Günter Grass, quien, en relación al actual presidente de
Estados Unidos, George Bush, sostuvo que "me parece un peligro, una
amenaza para la paz mundial. Me hace acordar a uno de esos personajes de
las obras históricas de Shakespeare cuya única ambición era pararse frente
a su padre, el viejo rey depuesto, y decirle: 'Mira, terminé con la tarea
que dejaste inconclusa'. Bush hijo está decidido a poner fin a la primera
Guerra del Golfo lanzando una nueva. Y está inspirado en razones privadas
y familiares; está motivado por compulsiones hereditarias. Los intereses
económicos de la familia Bush también inciden. La familia está muy
involucrada en el negocio petrolero. Los intereses políticos y las
aspiraciones económicas, por lo tanto, están profundamente arraigadas en
su grito de guerra contra Irak" -sostuvo en recientes declaraciones a la
prensa.
Felipe
González, el ex presidente del gobierno español; aquel que no vaciló en
arrojar las viejas banderas del socialismo ibérico para sumar a España a
la OTAN en pleno auge del neoliberalismo; Felipillo, a quien a nadie se le
ocurriría en su sano juicio de acusar de antimperialista, incluso él,
opina sobre las desventajas que arrastra el rumbo elegido por Washington.
"Cuando esto se aclare (los orígenes y alcances de la amenaza terrorista)
-vaticina-, se verá cómo es más necesaria que nunca la cooperación
internacional entre Estados, la estrategia multilateral que se está
menospreciando, cuando no negando abruptamente, con el desarrollo de la
política unilateral de gran potencia hegemónica y exclusiva."
Es
Ramonet también quien advierte que estamos ingresando en la fase armada de
la globalización , la resistencia del neoliberalismo a retirarse
pacíficamente, una vez agotado como ciclo histórico. Fase armada que, en
su impunidad verborrágica, ha definido un eje del mal a escala planetaria
y otro a escala hemisférica. El primero, una vez arrasado el Afganistán de
los talibanes, estaría constituído por los invisibles hilos que atan Irak
a Iran y, a ambos, con Corea del Norte. La posibilidad de que se instale
un eje del mal en las Américas, por su parte, le fue advertida a George
Bush (h) por Henry H. Hyde, presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Diputados norteamericana, en una carta en
la que supuestamente analizaba las consecuencias para su "América" que
traerían aparejados los resultados de la primera vuelta en la elección de
principios de octubre del 2002 que acababan de realizar los brasileños.
Para Hyde, Luis Ignacio Lula Da Silva, Fidel Castro y Hugo Chávez
constituyen ese nuevo "eje del mal en las Américas" .
Se trata del mismo olor a petróleo de la política de desestabilización
contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Estados Unidos apoyó
desembozadamente el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el
gobierno legal de Hugo Chávez, en abierta complicidad con la oligarquía
caraqueña, dando por descontado que se saldrían con las suyas. Por suerte
para América Latina, en Venezuela se vio en la obligación desandar su
postura anacrónica ante el alineamiento de la mayoría de los gobiernos a
la letra de la declaración aprobada por los países de la OEA de acuerdo
con las exigencias de la Carta Democrática firmada el 11 de septiembre de
2001 en Lima. Mismo 11 de septiembre en que ambas Torres Gemelas eran
derrumbadas en Nueva York y en uno de los laterales del Pentágono se
jugaba la vulnerabilidad fáctica del Imperio.
Las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes
En la introducción al contenido del ya citado N° 5 de Drogas y Conflicto
se recogen las opiniones vertidas por los miembros del Comité de
Investigación sobre Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino
Unido en el Informe La política de drogas del gobierno, ¿está
funcionando?, en el que se puede leer que sus integrantes creen "... que
ya es hora de que se reconsideren los tratados internacionales". Y en el
que se insta al gobierno inglés a iniciar "... una discusión dentro de la
Comisión de Estupefacientes sobre formas alternativas -incluyendo la
posibilidad de legalización y regulación- de abordar el dilema global de
las drogas" .
Para contar con mayores márgenes de acción dentro de las actuales reglas
de juego, los países signatarios de las convenciones de estupefacientes
podrían apelar, como una de las principales opciones analizadas por Bewley-Taylor,
a la reclasificación de las sustancias permitida en el artículo 3 de la
Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971. Al analizar estudios
anteriores, recoge las observaciones que hiciera la Liga Internacional
Antiprohibicionista en 1994, sobre el cannabis y la resina de cannabis,
"... la Comisión (de Estupefacientes) podría eliminarlos de las listas de
la Convención Única, y retirarlos efectivamente del control instituido por
esta Convención respecto a las drogas..." . Aunque él mismo advierte que
los Estados Unidos cuenta en el caso de la reclasificación de las
sustancias, con varias posibilidades de bloqueo que harían muy dificultoso
maniobrar al interior del actual régimen de control internacional de
drogas.
Por ello, Bewley-Taylor indaga otras dos opciones. La primera es la que
una serie de países retiren su consentimiento sobre los tratados
entregando una denuncia por escrito al Secretario general de la ONU, tal
como lo habilitan el artículo 46 de la Convención Única de 1961, el
artículo 29 de la Convención de 1971 y el artículo 30 de la Convención de
1988. "La denuncia abriría sin embargo algunas posibilidades interesantes
-sostiene-. Si un grupo convincente de países de Europa, Asia Austral y
América Latina, por ejemplo, se unieran para denunciar uno o todos los
tratados, el eje ONU-EEUU podría perder mucha de su potencial influencia.
Los 'denunciantes' podrían sentirse protegidos por la cantidad.
Paradójicamente, al intentar abandonar el régimen, este grupo puede ser
capaz de generar una masa crítica lo suficientemente sólida para iniciar
un cambio en el régimen, y crear de este modo, dentro del actual sistema,
algún espacio para un movimiento a nivel nacional. El aparato de la ONU y
EEUU podrían mostrarse más receptivos a modificaciones o a enmiendas de
los tratados si percibieran que tal concesión serviría para evitar la
destrucción del sistema de tratados existente."
Si bien es cierto que la denuncia de los Tratados por parte de un número
importante de países debilitaría considerablemente el sistema de control
internacional de drogas, es improbable que se arribe a ella en el actual
contexto de prepotencia imperial. Por ello, Bewley-Taylor ubica en este
punto una alternativa planteada por Peter Webster basada en la observación
hecha por este sobre lo que denominó como una laguna importante en los
tratados. Como señala Webster, el Informe Mundial sobre las Drogas del
PNUFID (1997) afirma que ninguna de las: "... tres Convenciones
internacionales sobre drogas insiste en establecer el consumo de drogas en
sí como un delito punible. Solamente la Convención de 1988 exige
claramente a las partes establecer como delito la posesión, compra o
cultivo de drogas controladas para fines de consumo personal, no
medicinal, a menos que esto vaya en contra de los principios
constitucionales y de los conceptos básicos de sus sistemas legales". El
énfasis es de Bewley-Taylor y apunta a destacar el margen de acción con
que contarían aquellos países cuyas cortes supremas de justicia declararan
inconstitucional la prohibición de una droga en particular o de una serie
de ellos. La referencia de Webster sobre la importante laguna se refiere a
que sería absolutamente legítimo dentro del marco de la propia
reglamentación de las Convenciones que aquel país que apelara a este
procedimiento se liberaría de las limitaciones a las que los someten los
Tratados Internacionales.
Muchas son las voces que vienen denunciando desde hace muchos años que la
prohibición entraña de por sí, al encuadrar como un delito la posesión de
estupefacientes aunque fuera para consumo personal, una gravísima
violación a los derechos humanos. En esta línea argumental estuvo
sustentada la intervención de Silvia Inchaurraga en representación de la
Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), de la que es su
Secretaria Ejecutiva, en oportunidad de la Sesión Especial sobre Sida de
la Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York el 25 de junio
de 2001, cuando advirtió que "si coincidimos en que el respeto a los
derechos humanos reduce la vulnerabilidad al VIH/SIDA, no podemos
desconocer a los usuarios de drogas y cómo el VIH/SIDA los afecta. No
podemos desconocer que más del 22 % de la población mundial con VIH/SIDA
se inyecta drogas. Ni hasta qué punto las condiciones en que las personas
consumen drogas las expone incluso en ocasiones a mayores riesgos y daños
que los que pueden causar las drogas. Condiciones de desinformación,
pobreza, desigualdad, ilegalidad, encierro, estigmatización,
criminalización."
La última de las estrategias que examina Bewley-Taylor es la de ignorar
los tratados. Aunque señala que esta opción viene ganando adeptos entre
los promotores de la reducción de daños de distintos países en los últimos
tiempos, advierte que "un desconocimiento de los tratados sacaría a la
palestra temas serios que están más allá de la esfera del control de
drogas. La posibilidad de que algunas naciones ignoren unilateralmente los
compromisos de los tratados de control de drogas podría amenazar la
estabilidad de todo el sistema de tratados. Como consecuencia, los Estados
podrían mostrarse cautelosos con esta opción."
Y después de la prohibición ¿qué?
Si bien se han editado distintos procedimientos para la regulación legal
de las drogas, el debate sobre los mismos, así como su análisis en
profundidad no han abundado. Las urgencias de los daños ocasionados por la
prohibición acaparan la atención de los antiprohibicionistas, privándolos
del tiempo y las energías que demandarían dicho debate y análisis. Sin
embargo, para bien de muchos, hay quienes vienen preocupándose de ese día
después de la prohibición. La gente nucleada en el European NGO Council on
Drugs and Development (ENCOD) ha publicado en el despacho de agoto de 2002
una propuesta del psiquiatra de la Municipalidad de Ámsterdam y miembro de
la Fundación de Política de Drogas de Países Bajos Frederick Polak, quien
describe en un breve artículo los posibles escenarios para un régimen en
que las drogas fueran comercializadas, una vez que haya terminado la
prohibición.
Parte de un diagnóstico certero sobre la imposibilidad del sistema de
prohibición global de las drogas de superar o la percepción generalizada
de que atraviesa un irreversible proceso de pérdida de credibilidad. Ello
debido, principalmente, al hecho de que el comercio ilegal de drogas, su
producción y tráfico, su uso y su abuso han aumentado integralmente en
lugar de disminuir, a pesar del recrudecimiento de las medidas represivas
en todos los campos, particularmente al interior de los propios Estados
Unidos.
Dicha percepción sobre lo irreversible de este proceso, tiene su correlato
discursivo en la sentencia realista que sostiene que la guerra contra las
drogas no puede ganarse. "Se trata de una empresa que se perpetúa a si
misma, que causa enormes daños a escala global -sostiene Polak-. Esta
crítica está definitivamente alcanzando a las altas esferas de los
gobiernos oficiales de muchos países, pero abiertamente, la mayor parte de
los políticos no se atreven a retirar su apoyo a la prohibición, porque no
saben como reaccionar a las acusaciones por ser 'blandos con las drogas'."
Es conocida la carencia de fundamentos científicos de los Convenciones
Internacionales sobre Estupefacientes. Desde sus orígenes, la prohibición
ha estado más sujetada a condicionantes morales, religiosos, políticos y
económicos que a la observancia de rigurosos estudios científicos que la
validaran. De hecho, se la estudie desde donde se la estudie, la
prohibición no resistiría el menor análisis científico ya que los daños
por ella ocasionados son en todos los campos infinitamente mayores que los
que supuestamente intenta prevenir. A pesar de esta carencia de origen,
cada vez que se quiere introducir una mínima o parcial modificación en las
legislaciones nacionales sobre la políticas de drogas, se exige su
sumisión a incontrastables exámenes científicos. Esto siempre y cuando
dichas modificaciones no sean más de lo mismo; esto es, la profundización
de las medidas represivas, las que siempre están exceptuadas de tal
fundamento.
Aunque impedidos por la mera existencia de los tratados y convenios
internacionales a abandonar abiertamente el discurso prohibicionista, la
mayoría de los países desarrollados han adoptado políticas de drogas
basadas en los principios del modelo de la reducción de daños. La JIFE
(Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) protesta y
reclama en sus informes anuales contra estas políticas sanitarias,
sociales y descriminalizadoras (tales como la dispensación de heroína, los
tratamientos de sustitución, las salas de consumo, los coffee shops).
Protesta y reclamo que se sostiene en que dichas políticas infringen la
interpretación oficial de las Convenciones Internacionales sobre
Estupefacientes de la ONU. Sin embargo, estas protestas y reclamos, el
rito de su producción con toda la parafernalia que rodea la presentación
de los informes anuales de la JIFE, se han venido evidenciando como
inútiles e inoperantes, careciendo de un poder de impacto verificable, más
allá de que algún político de derecha los azuce en sus diatribas
electorales. La ineficacia de estos reclamos y protestas reconoce un
origen más elemental: "las prácticas que la JIFE considera nefastas, han
probado ser superiores en su efecto sobre la salud pública". Aquí cabe
recoger la pertinente observación de Polak sobre la JIFE, que recuerda que
a este organismo "ello no le parece importar, porque su tarea está
restringida al control de la implementación de los convenios
internacionales. Los efectos sobre la salud pública de las diferentes
políticas de drogas simplemente no son de su interés."
Por nuestra parte, desde América Latina en general, y desde Argentina, en
particular, no podemos concluir un análisis del comportamiento de los
Estados Unidos con relación a los tratados y convenios internacionales sin
hacer mención al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o
Pacto de Río. Creado en las postrimerías de los años '40 bajo el discurso
de la seguridad hemisférica y los comienzos de la Guerra Fría, definía la
agresión de un país extracontinental contra uno de sus miembros como una
agresión contra todos ellos. Si bien su función nominal era la de
preservar a todo el continente americano de una agresión externa; su
función real era la de defender los intereses norteamericanos en su patio
trasero en caso de darse una supuesta agresión desde el bloque de países
del socialismo real.
Los argentinos no nos olvidaremos nunca de la actitud de la administración
norteamericana cuando, en plena Guerra de Malvinas en 1982, al invocar la
protección del TIAR, desde la Casa Blanca la negaron porque la flota
británica -armada de un enemigo extracontinental-, no era para ellos una
flota enemiga sino la de un aliado estratégico. En aquella oportunidad,
los argentinos vivimos en carne propia las consecuencias que arroja en
nuestra gente el desconocimiento de los tratados internacionales de
defensa hemisférica por parte de los Estados Unidos. Es más, contemplamos
cómo los satélites norteamericanos pasaban información de los movimientos
de las tropas argentinas a la flota de la Reina, influyendo directamente
en el desarrollo del conflicto. Una vez más, primaron los intereses
norteamericanos y de sus aliados por encima de los otros integrantes de un
acuerdo internacional multilateral.
¿Por qué no hacérselos sentir a ellos cuando se tratan los temas que les
inquietan? En otros contextos es legítimo que primen otros intereses. El
caso de la cuestión drogas es un ejemplo paradigmático.
De todas maneras, la constatación práctica de que la observancia de las
Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes es insuficiente e
ineficaz para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas, su producción y
comercialización, tanto como su uso y circulación social, ha favorecido
tanto la extensión de un pensamiento más racional sobre la políticas de
drogas cuanto la propagación de la resistencia a la Guerra contra las
Drogas.
Esto permite prever, a criterio de Polak, una situación que puede
desembocar en dos escenarios posibles: o bien se avanza hacia una
renegociación substancial que enmiende los convenios internacionales sobre
drogas en los que están basadas las legislaciones de la mayoría de los
países, o se producirá tal erosión de los convenios que simplemente
perderán su relevancia en la práctica cotidiana de las sociedades
desarrolladas.
Es por ello que Polak plantea la necesidad de prepararnos "para la
necesaria introducción de regímenes reguladores formales y legales para
las drogas que dejaran de estar prohibidas" . Propone un resumen de las
opciones para la regulación legal, en la que analiza tres sistemas con sus
consecuencias esperadas: prescripción médica, accesibilidad regulada para
adultos, y una combinación de ambos sistemas, seguida por un escenario en
dos pasos, a través del sistema mixto de accesibilidad controlada. Sus
objetivos apuntan tanto a contribuir a reducir los temores que un cambio
drástico de las políticas de drogas ocasionaría entre decisores políticos
y la opinión pública, cuanto a demostrar que "el pensamiento informado y
crítico puede llevar a la convicción que la legalización de drogas es
factible, y que existen varias opciones con mejores perspectivas que la
prohibición" . Destaca en su análisis el intento de calcular de manera
realista tanto las consecuencias positivas cuanto las negativas de cada
una de estas opciones. En este sentido, en los distintos escenarios los
beneficios van desde la garantía de los usuarios de drogas más
problemáticos de acceder a sustancias de calidad, a cuidado médico y a la
seguridad social, por un lado, hasta el evitar que requieran de
actividades criminales para adquirir las drogas, avancen en el control de
su propio consumo individual, donde el sistema de referencia de
prescripción médica actuaría de salvaguarda de la vulnerabilidad
individual.
Ninguna de las tres opciones es una panacea, aunque cualquiera de ellas
reduciría claramente los costos humanos, sanitarios y sociales de la
prohibición. Es difícil imaginar cuál será finalmente el mejor camino
hacia la regulación legal. Aunque es evidente que en los países
desarrollados los partidarios de la disponibilidad legal bajo prescripción
médica de las sustancias hoy ilegales con un serio riesgo de dependencia
vienen ganando el necesario apoyo no sólo entre los expertos en adicciones
y los profesionales de la salud, sino también entre los políticos. También
ganan terreno quienes sostienen la opinión de que los potenciales riesgos
de salud deben interpretarse como argumentos para la regulación legal y no
para la prohibición que los invisibiliza a nivel individual.
Abril de 2003 no es cualquier fecha para los antiprohibicionistas
europeos. Una fracción organizada de ellos se viene preparando desde hace
tiempo. Arribará a la reunión de Viena de la mano de la Coalición
Internacional por una Política Justa y Eficaz (ICN), en la que convergen
desde organizaciones de campesinos, expertos en salud, usuarios y
ciudadanos de más de treinta países. Arribará a la reunión de revisión de
mitad de periodo de los resultados de la Sesión Especial sobre Drogas de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de junio de 1998 en el marco de
una campaña cuya consigna central es: "Viena 2003: Una oportunidad para el
mundo".
No llegarán solos. Lo harán acompañados de parlamentarios, expertos
académicos, ex-ministros y otras personalidades, quienes junto a las
organizaciones no-gubernamentales de todo el mundo -que a diciembre de
2002 sumaba a más de ciento treinta- presionarán a los participantes de la
reunión de Viena para que, de una vez por todas, abandonen la perniciosa
ilusión de un mundo libre de drogas. Lo harán con el objetivo compartible
de no desaprovechar esta oportunidad para mejorar las condiciones de vida
de millones de personas en el mundo. De no desaprovechar esta oportunidad
para que los esfuerzos represivos de los Estados participantes de la
reunión de revisión de mitad de periodo de los resultados de la UNGASS de
1998 cesen de recaer sobre la población de usuarios de drogas ilegales y
se dirijan básicamente a atacar el gigantesco imperio financiero que, con
la connivencia de las principales potencias del planeta, blanquea
anualmente en el sistema financiero internacional cifras superiores a las
del tráfico ilegal de armas.
Si uno echa un vistazo a las organizaciones firmantes del Manifiesto "Por
una Política de Drogas Justa y Eficaz" de la ICN, percibe cómo se ha ido
incrementando en los últimos años el universo de organizaciones
partidarias de la reforma de la legislación de drogas. Muchas de ellas,
incluso, fervientes defensoras de la legalización lisa y llana.
Como vemos, si bien quedan abiertas aun las distintas alternativas por
donde se transitaría hacia esa regulación normativa, quienes sostenemos en
diferentes regiones del globo -parafraseando a los organizadores del Foro
Social Mundial- que "Otra política de drogas es posible" no nos quedamos
en la denuncia del fracaso y los estragos de la prohibición, sino que nos
aventuramos hacia otros escenarios, hacia el día después.
Buenos Aires, enero de 2003.
Bibliografía recomendada
BEWLEY-TAYLOR, D. R.; "The United States and International Drug Control,
1909-1997, Continuum, Londres, 2001.
BEWLEY-TAYLOR, D. R; "Hábitos de un hegémona: Estados Unidos y el futuro
del régimen global de prohibición de las drogas", Drogas y Conflicto, N° 5
http://www.tni.org/reports/drugs/debate5s.htm#9.
BLICKMAN, T.; Caught in the Cross-fire: Developing Countries, the UNDCP
and the War on Drugs, TNI/CIIR, Londres, junio 1998. www.tni.org/drugs/ungass/caught.htm
DORN, N. / JAMIESON, A.; European Drug Laws: the Room for Manoeuvre,
DrugScope, Londres, marzo 2000 Londres, 2001. www.isdd.co.uk/euro.pdf
DE RUYVER, B, et. al.; Multidisciplinary Drug Policies and the UN Drug
Treaties, IRCP, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2002.
EQUIPO NIZKOR; Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estatutos de los
Tribunales Internacionales de Nuremberg (1945) a Sierra Leona (2002).
Segunda Edición, Madrid, noviembre de 2002.
FRIMAN H. R. y ANDREAS P. (Eds), The Illicit Global Economy and State
Power, Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 1999.
ICN; Carta abierta a la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes,
Viena, 11 marzo 2002. www.encod.org/carta.html
ICN; Manifiesto por una Política de Drogas Justa y Eficaz, Viena, 15 marzo
1998. www.encod.org/mans.htm
JELSMA, M.; "Revising and Integrating Drug Policies at National and
International Level: How Can Reform Be Achieved?", Wilton Park Conference
on Drug Policies and their Impact, 27 marzo 2002. www.tni.org/drugs/research/wilton.pdf
RILEY D., "Drugs and Drugs Policy in Canada: A Brief Review and Commentary",
Canadian Foundation for Drug Policy, noviembre, 1998.
SINHA J., "History and Development of the Leading International Drug
Control Conventions", Law and Government Division, Canadian Parliamentary
Research Branch, febrero, 2001.
TNI; La reforma de las convenciones sobre drogas de la ONU en la agenda,
28 mayo 2002. www.tni.org/drogas/informe/pr230502s.pdf
TNI; Asuntos importantes se debaten en la Comisión de Estupefacientes de
la ONU, 8 marzo 2002. www.tni.drogas/informe/pr080302s.doc
TNI; "Posibilidades de cambio en el control internacional de drogas,"
Informe sobre políticas de drogas, nr. 1, diciembre 2001. www.tni.org/drogas/informe/informe1.pdf
TNI; UNGASS: Una oportunidad perdida, julio 1998. www.tni.org/drogas/ungass/ungass.htm
WEBSTER P., "Rethinking Drug Prohibition: Don't Look for US Government
Leadership", International Journal of Drug Policy, 9 (5) 1998, pp.
297-303.
WEBSTER, P., "UN Treaties and Legalization of Drugs"; www.druglibrary.org |